¿Es posible impugnar el tratado Guadalupe – Hidalgo?

Escrito por: Pablo Trejo Pérez

quimera

Todo niño que va a la escuela aprende que después de una invasión a nuestro país en 1848 los Estados Unidos se anexó la mitad del territorio nacional. La historia se cuenta como si nada, como algo lejano y no como lo que es: un trauma nacional, que no ha servido

para preguntarse la validez del tratado. Últimamente, la cuestión del tratado Guadalupe – Hidalgo ha tenido importancia, pues el tres veces candidato a la Presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el abogado Guillermo Handam Castro, presentaron una propuesta de demanda legal que tiene como objetivo anularlo. ¿Ello es posible? ¿Es deseable? Ante ello, un par de hechos históricos:

El nombre original del Tratado es de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Fue firmado el 2 de febrero de 1848 y constituye el tratado más antiguo que todavía está en vigencia entre Estados Unidos y México.

Estrictamente, el país sólo perdió dos estados: Alta California y Nuevo México (que comprendían lo que hoy es California, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma).

El Tratado estipula la prohibición de modificar las condiciones de la línea divisoria.

Los Estados Unidos se comprometieron a pagar una indemnización de 20 millones de dólares (más otros tres en concepto de reclamos de los mexicanos que vivían en los estados cedidos) a México por la cesión del territorio. Casualmente, ese dinero nunca ingresó al país.

El argumento central de la propuesta cardenista es el siguiente: la construcción del muro violenta la legitimidad del tratado histórico Guadalupe-Hidalgo, puesto que éste define la cesión del territorio mexicano a Estados Unidos bajo condiciones “específicas. Por ello, independientemente de que Estados Unidos no reconozca la jurisdicción de ningún Tribunal Internacional, de concretarse este muro, México estaría en la aptitud de plantear la devolución de tales territorios, al anularse de facto el tratado en cuestión. Ahora bien, ¿existen elementos históricos y jurídicos suficientes para anular la validez del Tratado? Parece ser que sí.

Primero, la invasión del ejército estadounidense y la firma del Tratado bajo ese contexto. La mayor de las pruebas de que esos acuerdos no son válidos es el hecho de que en la primera oración, el ejército norteamericano admite que invadió nuestro país. Actualmente, firmar un acuerdo en ese contexto, hace que el tratado en cuestión sea nulo de origen… aunque en el siglo XIX todavía existía el Derecho de Conquista.

En segundo lugar, está documentada la presión ejercida al Gobierno de México por parte de los Estados Unidos para que se llevara a cabo la firma del Tratado. De hecho, en el lenguaje diplomático de la época, se hablaba de la intención amistosa de los Estados Unidos. La alternativa a la cesión siempre fue la completa anexión.

En tercer lugar, la Historia -y en esto nos basamos en el texto de Luis Villoro para El Colegio de México- marca el Tratado de Guadalupe Hidalgo reviste una importancia más amplia y desafiante para la historia de México que la que tiene para la historia de Estados Unidos. En parte, por la pérdida de territorio valioso, el tratado aseguraba que México seguiría siendo un país subdesarrollado. Pero los políticos mexicanos contemporáneos nunca aprendieron la lección. O no les dice nada.

La Historia marca que la solución en la relación fue la política. En la década de 1850, los reformistas -encabezados por Juárez, quien se opuso al Tratado- llegaron al poder en México con la promesa de fortalecer el sistema político. Lo que sí -tal y como sostuvo Villoro-, es que tampoco hay que olvidar que a día de hoy, el Tratado ha tenido implicaciones no sólo para las relaciones entre los dos países sino también para el derecho internacional. Las interpretaciones del tratado han sido la base para resolver las disputas sobre límites internacionales, derechos sobre aguas y minerales, y derechos civiles y de propiedad de los descendientes de los mexicanos en los territorios cedidos. Ahora bien, cómo denunciarlo. El propio Tratado establece que la denuncia sólo puede venir del poder Ejecutivo, aunque el Legislativo -el Senado que tiene la competencia en política exterior- tiene la capacidad de declararlo nulo. ¿Qué sucedería si se da ese paso? Dos escenarios:

El Ejecutivo -o el Legislativo- debe notificar a la otra parte, en este caso al gobierno de los Estados Unidos, que para el gobierno mexicano, el Tratado no tendrá ya más validez.

Por consiguiente, para delimitar las fronteras entre las naciones, se debe acudir a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, donde se debe presentar una propuesta de demanda legal. Conflictos como estos hay varios en nuestra región (Chile y Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, Argentina y el Reino Unido, Chile y Perú), por lo que no sería un proceso nuevo.

¿Por qué hacer esto? ¿Por qué embarcar al país en un callejón legal, de disputa, cuando es muy probable que no conduzca a ningún beneficio y que los territorios anexionados no deseen formar parte del territorio nacional? Quizá sea más simple, tal cual lo dice Bernardo Sepúlveda: hay que hacer ruido, con inteligencia y prudencia.

http://www.elpuntocritico.com/columna-quimera-pablo-trejo/144859-%C2%BFes-posible-impugnar-el-tratado-guadalupe-%E2%80%93-hidalgo.html

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