La crisis carcelaria: hacia un cambio de enfoque

quimera (1)

La semana pasada varias noticias destacaban la paupérrima situación dentro de las cárceles. Las notas destacaban que diariamente se presenta un asesinato, del control que ejercen los carteles del narcotráfico y, en general de la gran corrupción

que impera dentro de los planteles. Según los datos publicados, en promedio, en los últimos cuatro años se registró el homicidio de un preso cada semana.

En general, de 2013 a 2016 se reportaron tres mil 159 riñas y 24 motines en prisiones de 21 entidades federativas.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 las entidades con el mayor índice de homicidios fueron Nuevo León con 54, Tamaulipas con 10, la Ciudad de México y el Estado de México con 5 cada uno, Zacatecas con 4, mientras que Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora reportaron uno respectivamente.

Según el reporte de la CNDH los objetos punzocortantes fueron los que más se utilizaron para cometer los homicidios seguidos de los objetos contundentes, cables y armas de fuego.

Estos datos ponen de relieve la profunda crisis que hay en concebirla como un mecanismo de readaptación social. Por el contrario, los datos revelados por los distintos diarios dan a entender dos cosas:

$11.      El encarcelamiento tiene muy poco efecto en la disuasión del crimen, ni tampoco reduce reincidencia. Es decir, las penas más severas tienen escasos efectos en la reducción del crimen.

$12.      El encarcelamiento tiene efectos criminológicos mayores para delincuentes de delitos menores, como dice una afamada película: se entra en la cárcel con una licenciatura en mariguana y se sale con un doctorado en heroína.

Entonces, ¿cómo evitar que las personas lleguen a la cárcel? Aquí presentamos tres ideas para ello.

Prevenir siempre es la mejor política. Se trata de prevenir que el delito ocurra. Por ejemplo, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se sabe que las víctimas y victimarios comúnmente son jóvenes. También, los datos muestran que -después de los accidentes automovilísticos- la causa principal de muerte de jóvenes entre los 18 y 25 años es homicidio. Y también sabemos que el crimen se concentra geográficamente. Con ello, se quiere mostrar que hay evidencia suficiente para intentar controlar la violencia en estos grupos y estás áreas tanto con programas de prevención social como con estrategias de patrullaje más focalizadas, y cercanas a las comunidades. Se trata de impulsar intervenciones de prevención a nivel comunitario, con enfoque, en las áreas más complejas y en la población más vulnerable al crimen y la violencia.

Es necesario mejorar la impartición de  justicia. Con las recientes reformas a la ley, con la llegada de los juicios orales, se intenta dar juicios más rápidos, dado que es común que muchos detenidos -inocentes o no- estén en prisión a la espera de juicio. Mucha de la saturación de las cárceles parece deberse al porcentaje de presos en detención preventiva. Esto deja en claro que el uso de la prisión preventiva no es racionalizado y excede las capacidades humanas de los magistrados.

Debemos evaluar cuánto nos cuesta la prisión. La manutención de los reos que se encuentran en las 21 cárceles federales de México costó en 2014 un total de 1,703 millones  209,173.49 pesos. Este gasto equivale a más de 4 millones 600,000 pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos. Esto quiere decir que invertimos una gran cantidad de dinero para que los presos reincidan. Es momento de preguntarnos si mecanismos como el monitoreo electrónico, programas de rehabilitación, la suspensión de mecanismos de disciplina extrema, el trabajo comunitario, y o el tratamiento de adicciones fórmulas serían menos costosas. No sólo eso, también podrían resultar más favorables en términos de una futura reinserción social.

En todo el proceso, vale la pena tener en cuenta que la cárcel es siempre la última opción.

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