¿Qué fue primero: los pobres o la pobreza?

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El miércoles de la semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los datos relativos al combate a la pobreza.  Una rápida observación, nos dice que los esfuerzos para la reducción de la pobreza en México dejan un sabor agridulce: si bien es cierto que el porcentaje de población que se encontraba en situación de carestía el año pasado —43.6% de la población— fue el más bajo de la última década: en 2014 era el 46.2% y en 2010, el 46.1%; el número de personas en situación de carestía —53.4 millones de personas— aumentó ligeramente respecto a dos años antes —55.3 millones— y permaneció en niveles superiores a los de antes de la crisis económica global de 2008, cuando llegó a bajar de los 50 millones. La pregunta obligada es: en México, ¿qué fue primero, los pobres o la pobreza? Veamos algunos datos para el análisis.

Los datos del CONEVAL dan una buena noticia al sostener que la pobreza extrema se ha reducido al 7.6% de los mexicanos. Es la cifra más baja de la serie histórica mexicana, que empieza en 2010, pero sigue siendo extraordinariamente alta respecto al resto de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza extrema bajó de 13 a 9.4 millones en los seis últimos años.

La mala noticia es que persiste lo que se conoce como pobreza moderada, que ha crecido en cerca de dos millones de personas. El CONEVAL nos dice que se redujo la pobreza en México porque en 2016 el número de mexicanos clasificados en esta categoría fue de 53.4 millones de personas, menor a los 55.3 millones registrados en 2014.

Entre 2014 y 2016, la tasa de pobreza disminuyó en 28 de los 32 Estados de México. Las excepciones a la norma fueron Campeche, Veracruz y Tabasco —las entidades federativas a las que más ha golpeado la crisis petrolera en los últimos años— y Chiapas —uno de los más pobres del país—. La pobreza extrema solo aumentó en Tabasco y, de manera marginal, en la Ciudad de México, mientras descendió en el resto la República.

Nuevo León es la entidad con mayor ingreso promedio trimestral (87, 653 pesos), seguida por la Ciudad de México (70, 834) pesos, pero las entidades más pobres como Guerrero y Chiapas tienen un ingreso promedio trimestral de 26, 980 y 23, 258 pesos, respectivamente. El ingreso promedio de Nuevo León es 3.8 veces superior al de Chiapas. El ingreso promedio nacional es de 46, 521 pesos.

El contraste es mayor entre localidades urbanas y rurales. En las zonas rurales, el gasto corriente promedio trimestral fue de 16 mil 984 pesos, mientras que en las zonas urbanas fue casi el doble: 31 mil 241 pesos.

La estadística también arroja importantes diferencias entre grupos poblacionales. Mujer e indígena sigue siendo el retrato robot de quienes se encuentran en situación de pobreza en México: casi el 80% de las personas de este segmento sufren carestía moderada o extrema. El sexo —las mujeres tienen un riesgo de pobreza mayor que los hombres—, el hecho de ser o no ser indígena o de sufrir algún grado de discapacidad, la edad —cuanto más joven, mayor riesgo— y el lugar de residencia —mayor propensión a la pobreza en áreas rurales que urbanas— son los factores que más incidencia tienen.

El tema del ingreso es un gran pendiente. Pese al crecimiento de la renta familiar media, entre 2010 y 2016 aumentó el número de mexicanos que no puede acceder a la canasta básica. La desigualdad, además, permanece tanto entre individuos como entre el norte y el sur de México. En los Estados más meridionales del país —Chiapas, Guerrero y Oaxaca—, la pobreza extrema sigue afectando a más de uno de cada cinco personas.

Los ingresos por hogares en México reflejan un crecimiento de la desigualdad regional en el país y una diminución promedio de 8.2% entre 2008 y 2016. Entre 2008 y 2012 la caída fue de 10.2 por ciento, principalmente, ocasionada por la crisis financiera de 2008-2009. El 63.3% del ingreso en México se concentra en sólo el 30% de los hogares, mientras que el 30% de los hogares con menores ingresos participa sólo con el 9% del ingreso.

El poder adquisitivo de los ingresos en promedio cayó de 3.2 canastas alimentarias por persona en 2008 a 2.9 en 2016. A pesar de que el ingreso promedio de los primeros deciles se incrementó de 8.8 y 0.3%, respectivamente, fue insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Con este dato podemos asumir que la pobreza alimentaria se mantuvo en alrededor del 20% de la población. Esto habla del fracaso de la Cruzada Nacional contra el Hambre que ya ni siquiera menciona el gobierno de Peña Nieto.

Para 2016 el ingreso promedio de los hogares no había recuperado el poder de compra que tuvo en 2008, antes de la crisis financiera. En los deciles del I al V, que tienen ingresos inferiores al valor de la canasta básica, el poder de compra se mantuvo igual y en los deciles VI al IX el poder de compra disminuyó.

El 64.3% del ingreso promedio que perciben los hogares proviene del trabajo. De este universo, el 84.9% corresponde a remuneraciones por trabajo subordinado y el 15.1% restante por trabajo independiente. Por esta razón, es de la mayor relevancia que se retome con la importancia debida el tema de los salarios y su incremento, un asunto que la delegación mexicana en la negociación del TLCAN ha minimizado.

La explicación de que haya aumentado el número de pobres a la par que disminuía la tasa de pobreza está en el crecimiento demográfico, cuyo ritmo de aumento superó con creces a la tasa de disminución de la pobreza.  El reto, entonces, en el diseño de las políticas públicas, es ganarle la carrera al aumento poblacional.

Hay que tener en cuenta el debate que se ha dado últimamente sobre la metodología. Dos aspectos fundamentales en ello:

  1. El INEGI presume un incremento de 33% en el ingreso de los hogares más pobres del país y un aumento de 11.9% para la población en general. Lo que no dice el INEGI es que el cambio de metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), aplicado en 2015, provocó un “maquillaje” de satisfactores. Por ejemplo, el INEGI contabilizó el reparto de los 10.5 millones de televisores digitales como ingresos de los hogares más pobres. El Grupo Técnico Ampliado (GTA), que examinó el cambio de metodología, alertó que los encuestadores recibieron la instrucción de “ser más acuciosos en la captura del ingreso” y a “realizar preguntas adicionales”, lo que provocó numerosos cambios en los datos arrojados por las encuestas.
  2. Se dejó de medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor en relación con la canasta básica. Esto ha provocado cifras alegres como la recientemente presumida por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien afirmó que la inflación acumulada del sexenio será menor al 4%, el porcentaje más bajo en los últimos tres gobiernos.

La experiencia de este año parece sugerir que para seguir reduciendo la carestía se debe lograr un ritmo de crecimiento económico alto y sostenido —en los últimos tiempos, el PIB per cápita se ha expandido a una tasa media solo ligeramente superior al 1% anual—; garantizar el “ejercicio pleno de los derechos sociales”; aminorar la desigualdad entre regiones y entre grupos de población; y reducir la inflación actual hasta los niveles previos.

Se debe hacer un análisis multidisciplinario del combate a la pobreza. Por ejemplo, el CONEVAL sostiene que la inflación  es un “foco amarillo” en el combate a la pobreza: en el último trimestre del año pasado, el aumento de los precios ya empezó a aminorar el aumento del ingreso real. Y la inflación en lo que va de 2017 —superior al 6%— pone en serio riesgo el repunte del ingreso, una de las principales variables que determina si una personas es pobre o no.

Es necesario no sólo hacer un estudio de la pobreza sino también de la riqueza porque subsiste una importante subvaluación en el estrato de la población de mayor ingreso, lo que impide un diseño eficaz de políticas públicas para disminuir las oprobiosas desigualdades.

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