La fiscalización de la política social

CON CHANFLE

La política social no sólo está fiscalizada -es decir, obligada a rendir cuentas por el CONEVAL- sino también por la Auditoría Superior de la Federación. La diferencia entre lo que lleva a cabo del CONEVAL y la ASF es que mientras la primera analiza el por qué se redujo (o no ) la pobreza, la segunda está orientada al control político, a constatar el cumplimiento o incumplimiento de las atribuciones de las y los servidores públicos -determinados en la Constitución y la Ley-, pero que debería estar orientado a dos ámbitos:

  1. La organización institucional (en actos y omisiones sobre contratos públicos, actos normativos, transparencia de gestión, estructuras orgánicas por procesos, remuneraciones, presupuesto, rendición de cuentas y posibles actos de corrupción).
  2. Las políticas públicas implementadas por cada entidad (ejecución de planes, programas y proyectos, atención en derechos constitucionales, provisión de obras, bienes y servicios y los procedimientos empleados).

Para ejercer este control hay que comprobar que ambos ámbitos se ajusten a sus respectivas disposiciones constitucionales y legales y a los instrumentos de planificación e inversión pública. Es por ello, particularmente importante, lo que ha encontrado la ASF en la dependencia encargada de la política social, la Secretaría de desarrollo Social (SEDESOL): no acreditaron la calidad de los servicios otorgados ni si cubren a la población objetivo.

Sobre el programa de Fomento a la Economía Social, con presupuesto en 2016 de 2 mil 175 millones de pesos, se encontró que se realizaron pagos en exceso por 20 millones de pesos, autorizados en cuatro convocatorias para 34 proyectos, aunque no se contó con documentación que acreditara por qué se entregaron los apoyos.

en cuatro proyectos no se realizaron evaluaciones técnicas, en cinco más hubo falta de documentación que los justificara, y en 12 proyectos de 1.4 millones de pesos los bienes adquiridos no se presentaron. El dictamen indica que el Instituto Nacional de la Economía Social cumplió con la normativa, excepto en los rubros mencionados.

En el caso del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), que tiene a su cargo el rubro de servicios a grupos con necesidades especiales, con 324 millones de pesos para promover la prestación de servicios y atención a esa población, se encontró que atendió a 230 mil ancianos de 12.9 millones que hay en el país, pero no acreditó que la asistencia en las instituciones, albergues o centros de atención se haya realizado conforme a las metas.

La ASF encontró que el INAPAM realizó nueve visitas de 310 comprometidas a los centros de atención, y “evaluó de manera parcial los procedimientos de supervisión, sin verificar la capacitación del personal, el modelo de atención y la calidad de vida de los adultos”. La ASF estimó que el INAPAM cumplió “marginalmente con su mandato”.

El programa Seguro de Vida de Jefas de Familia partió de que en 2012 había 8 millones de hogares con jefatura femenina, uno de cada cuatro del país. Ante ello dio paso a la entrega de seguros de vida y hasta 2016 el programa contó con mil 80 millones de pesos, estaban afiliadas 6.4 millones de mujeres, de las cuales murieron 21 mil 722, por lo que otorgó subsidios a 40 mil niños.

El programa “careció́” de mecanismos para asegurar que las mujeres pre registradas se encontraban en condición de pobreza, de vulnerabilidad por carencias sociales o de vulnerabilidad por ingresos” y tampoco contó con información del número potencial de beneficiarios.

En varios formatos, los servidores públicos encargados presentaron información “sin calidad ni congruencia”, por lo que se duda de los datos proporcionados en el padrón.

Además,  la ASF detectó falta de difusión de la oferta y cobertura de los programas sociales y trabas para otorgar recursos financieros a las instancias ejecutoras de este rubro.

En cuanto al PROSPERA, se pide investigar por qué se carece de un programa anual de adquisiciones de medicamentos, bienes y servicios, así como las discrepancias entre los estados presupuestales y los bancarios del esquema.

El rasgo común que tienen es que presentan vulnerabilidades que en el presente están afectando la operación y ejecución de los programas y, en el futuro, se materializarán en la repetición de fallas o irregularidades, o de momento no presentan problemas, pero es altamente probable que se observen en periodos subsecuentes.

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