Los Partidos y su dinero: ¿Pueden donarlo, quieren donarlo?

CON CHANFLE

Desde que se conocieron as devastaciones ocasionadas por el sismo del asado día 8 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador intentó ponerle el cascabel al gato, al anunciar la intención de MORENA, de donar el 20 por ciento de sus prerrogativas para destinarlo a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas principalmente en Chiapas y Oaxaca. Ante ello, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que eso no sería tan fácil, ya que, por tratarse de recursos públicos etiquetados para un fin específico, éstos no podían utilizarse en otro rubro diferente, so pena de caer en una inconsistencia administrativa, la cual podría incluso derivar en responsabilidades por el desvío de recursos. Es decir, que, pese a la buena intención de la propuesta, la misma resultaba inviable jurídicamente hablando.

Con lo que no contábamos absolutamente nadie, fue con el sismo del pasado martes, el cual además de sus lamentables consecuencias en la vida y patrimonio de muchas personas, le dio un giro completo a la propuesta de López Obrador.

En las redes sociales, comenzó la exigencia de que el Instituto Nacional Electoral (INE) encontrara la salida jurídica para que los partidos políticos pudiesen donar parte del dinero destinado a las campañas electorales -cerca de 6,700 millones de pesos en 2018- para ayudar a los damnificados por el sismo de 7.1 grados que azotó a la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y el Estado de México. La etiqueta, hashtag, #PartidosDenSuDinero se volvió viral. ¿Pueden los partidos donar el dinero de las campañas? ¿Es lícito? ¿Son los partidos las instituciones adecuadas para ello? Al respecto, esgrimimos varias consideraciones:

  • Desde hace tiempo, la ciudadanía tiene la certeza de que los partidos políticos y el sistema electoral mexicano es caro e ineficaz.
  • El sentir ciudadano coincide con el inicio del proceso electoral del 2018, que deberá renovar prácticamente todas las instituciones del país. Evidentemente, negarse a la petición popular, conllevaría el riesgo de una drástica disminución de los votos en el proceso electoral. Eso, además de dinero, significaría perder espacios de poder.
  • En teoría, los partidos políticos significan la herramienta de organización de los ciudadanos para representarse. La propia Constitución -a pesar de todas sus reformas- establece que el pueblo es soberano. En ese sentido, es posible que el pueblo exprese sus deseos. ¿Son las redes sociales el mecanismo para ello? La realidad de nuestro mundo, lo confirma.
  • En la práctica, el artículo 75 de la Ley General de Partido Políticos determina el tipo de gastos que se pueden hacer en precampañas y campañas como las que habrá en 2018. Estos gastos contemplados por la ley comprenden los hechos en propaganda, los operativos de campaña, de producción de mensajes en radio, televisión y otros medios, los de difusión de la plataforma electoral del partido, entre otros que tienen como objetivo la participación ciudadana y búsqueda del voto. En ese sentido, la Ley establece que los partidos tienen que entregar comprobantes de a qué destinaron el gasto, y si no lo acreditan adecuadamente, el INE les observa y les sanciona Si, por el contrario, decidiesen que el dinero a donar no sea el de campañas, sino el de sus actividades ordinarias, dicha Ley establece que los gastos que se hicieran fueran hechos con fines partidistas. Eso obviamente, no va con el carácter sin ánimo de lucro de la petición. También es cierto que el recurrir a lo que marca la Ley -en un país donde su aplicación es permanentemente cuestionada- cayó como un mazazo a los ciudadanos. Los partidos se vieron, de pronto, alejados de la ciudadanía.

Tras el sismo del pasado martes, López Obrador reiteró su propuesta e incluso la subió al 50% del gasto de campaña para 2018, en apoyo a damnificados. En principio, todos los partidos tacharon de oportunista esa medida. Al crecer el clamor, los líderes partidistas -y el propio Instituto Nacional Electoral, a través de un vídeo de su presidente, Lorenzo Córdova- aceptaron donar el dinero destinado a campañas.

En respuesta, el PRI anunció públicamente que donaría el 25% de sus prerrogativas, lo que equivale a un monto de $258,617,031 pesos, poniendo como única condición de hacerlo a través de la Tesorería de la Federación, es decir, de la hacienda Pública.

Por su parte, el día de hoy, Movimiento Ciudadano, anunció que renunciaría al 100% del financiamiento público para campañas, poniendo muy alto el umbral de donaciones para el resto de los partidos políticos nacionales.

Evidentemente la postura de los partidos, no solo responde a un clamor ciudadano, si no que se enmarca dentro de la estrategia de competencia electoral para el próximo año. Lo que ahora preocupa es lo que aparece al reverso de la moneda: ¿Está preparado el sistema político mexicano de partidos para sobrevivir sin financiamiento público? ¿Se está abriendo oficialmente la puerta a la entrada de capitales privados en la competencia electoral? ¿Existe un punto intermedio que le de viabilidad al sistema de partidos y que a su vez responda a la demanda social de abaratar las elecciones?

Es muy claro que, de renunciar a las prerrogativas, no solo se afectaría la vida institucional de los partidos ya que además resultarían afectados algunos sectores de la economía que dependen de las elecciones para subsistir, y ello sin contar con aquellos ciudadanos que laboran directamente en los institutos políticos y que muy seguramente perderán sus trabajos. Evidentemente, los partidos deben sensibilizarse y deben cumplir con la obligación moral de aportar recursos a la reconstrucción. Es necesario y correcto, pero también deben de ser lo suficientemente responsables para hacerlo. Abrir las puertas a dineros de dudosa procedencia puede resultar mucho más caro para la sociedad que la aportación que los partidos puedan hacer.

Otro tema que tendrá que resolverse en el futuro inmediato, es el de la aplicación de esos recursos. Coincido con el célebre Enrique Krauze, quien señala que más allá de que el INE acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) los mecanismos para la donación, los cuales deberán reflejarse en la aprobación del paquete económico para 2018, lo difícil será que se establezca una Comisión de Reconstrucción moral y éticamente blindada.

Siguiendo el clamor popular -y también con el objetivo de cuidar el dinero-, esa futura Comisión deberá promover la participación ciudadana (deben estar ahí los empresarios, los académicos de renombre y los grandes intelectuales del país, los periodistas, las Organizaciones de la Sociedad Civil y un colectivo de jóvenes cuya principal obligación moral sería la de vigilar escrupulosamente el destino de los recursos).

Habrá que revisar también, quien sigue la apuesta de Movimiento Ciudadano, lo que representaría un acontecimiento sin precedentes. La apuesta está sobre la mesa y estamos seguros que la ciudadanía tomará en cuenta lo que hagan los partidos para definir su voto el año venidero.

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