Los partidos y sus prerrogativas: ¿Estamos listos para esas donaciones?

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Desde que se conocieron las devastaciones ocasionadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de Morena, de donar 20 por ciento de sus prerrogativas para destinarlo a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente en Chiapas y Oaxaca. Ante ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que eso no sería tan fácil, ya que, por tratarse de recursos públicos etiquetados para un fin específico, éstos no podían utilizarse en otro rubro diferente, so pena de caer en una inconsistencia administrativa, la cual podría incluso derivar en responsabilidades por el desvío de recursos. Es decir, que, pese a la buena intención de la propuesta, la misma resultaba inviable, jurídicamente hablando.

Más allá de ese entrampamiento jurídico, con lo que no contábamos absolutamente nadie, fue con el sismo del pasado martes, el cual además de sus lamentables consecuencias en la vida y patrimonio de muchas personas, le dio un giro completo a la propuesta de López Obrador.

En las redes sociales comenzó la exigencia de que el Instituto Nacional Electoral (INE) encontrara la salida jurídica para que los partidos políticos pudiesen donar parte del dinero destinado a las campañas electorales -cerca de 6,700 millones de pesos en 2018- para ayudar a los damnificados en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Guerrero y el Estado de México. La etiqueta, hashtag, #PartidosDenSuDinero se volvió viral.

Ante ello, López Obrador subió su propuesta de donar recursos a la reconstrucción hasta por un monto de 50% del gasto de campaña para 2018. En respuesta, el PRI anunció públicamente que donaría 25% de sus prerrogativas, lo que equivale a un monto de 258,617,031 pesos, poniendo como única condición de hacerlo a través de la Tesorería de la Federación, es decir, de la Hacienda Pública. Por su parte, el frente PAN-PRD-MC, anunció que renunciaría a 100% del financiamiento público para campañas, poniendo muy alto el umbral de donaciones para el resto de los partidos políticos nacionales.

Evidentemente, la postura de los partidos, no sólo responde a un clamor ciudadano, si no que se enmarca dentro de la estrategia de competencia electoral para el próximo año. Quien no done, estará fuera de cualquier posibilidad de competencia. Lo que ahora preocupa es el reverso de la moneda: ¿Está prepara- do el sistema político mexicano de partidos para sobrevivir sin financiamiento público? ¿Se está abriendo oficialmente la puerta a la entrada de capitales privados en la competencia electoral? ¿Existe un punto intermedio que le de viabilidad al sistema de partidos y que a su vez responda a la demanda social de abaratar las elecciones?

Evidentemente, los partidos deben sensibilizarse y cumplir con la obligación moral de aportar recursos a la reconstrucción. Es necesario y correcto, pero también deben actuar responsablemente al hacerlo. Abrir las puertas a dineros de dudosa procedencia en las campañas del año próximo, puede resultar mucho más caro para la sociedad, que la aportación que los partidos puedan hacer a la reconstrucción.

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