Vericuetos del Presupuesto

quimera (1)

La próxima semaña empezará la discusión sobre el Presupuesto para el 2018. La discusión de antemano se antoja complicada, por la coyuntura y por la importancia de la salud de las finanzas públicas (signifique eso lo que signifique). Lo que se envió al Congreso busca disminuir el peso de la deuda en 49.5% del PIB desde los 50.2% en los que se encuentra actualmente, además

de repetir un superávit primario que para el siguiente año lo estima en 1.0% como porcentaje del PIB. Entre los supuestos está lograr ingresos presupuestarios por 4.7 billones de pesos y un gasto neto por 5.1 billones de pesos. Para lograr esos objetivos hay que discutir -a fondo y en corto tiempo- diversos conceptos. En boga de todo mundo estarán el balance fiscal, el tope de la deuda, la elección presidencial, el financiamiento a los partidos políticos, la búsqueda de mayores ingresos y un gasto eficiente, aunque no hay mucho margen para tales propósitos. Tal cual ha dicho Julio A. Millán, hay algunas características de esta discusión que vale la pena señalar:

Para 2018 no se contará con los recursos por operación del remanente. Estos recursos, en 2017 sirvieron para financiar el endeudamiento y para lograr la meta de superávit fiscal. Son 321,653 millones de pesos, que el Banco de México no depositará en las cuentas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

Se deberán considerar los ingresos petroleros que tendrá el gobierno, no sólo por la afectación respecto a la reducción de la plataforma petrolera, sino también por la volatilidad en el precio del crudo; como cada año, el precio del crudo es una de las variables de discusión en la Cámara.

El Gobierno tiene la ineludible demanda de atacar frontalmente la evasión y la elusión fiscal. La férrea disciplina del gasto, mientas ello ocurre, es buena medida, pero ello también significa que se pueden tener mayores recortes. Ello refuerza una idea muy entendida en los círculos empresariales: el Presupuesto ha dejado de ser un programa que impulse al país, por ello, el Congreso debe hacer énfasis en políticas públicas de largo alcance que puedan impactar en la economía y procurar la estabilidad.

Los diputados deben tener en cuenta que el documento del gobierno representa un mediano esfuerzo por lograr la consolidación de las finanzas públicas, principalmente a través de dos metas que son las restricciones en el gasto y reducciones de la deuda. Pero no cabe duda que el presupuesto presentado es conservador e inercial: no contribuye al combate a la desigualad ni apuesta por lograr la educación de calidad en la infancia ni en la juventud. Dicho de otra forma: si bien se mantienen la disciplina fiscal, con un menor gasto en inversión, el presupuesto muestra que tiene poco margen para detonar el crecimiento y ser un instrumento de planeación de largo plazo para las finanzas públicas del País, en especial también considerando el costo de la reconstrucción y asistencia a raíz de los últimos desastres naturales.

La ley de ingresos debe estar lista a más tardar en octubre, mientras el presupuesto de egresos el 15 de noviembre. Con estos puntos, se ve que hay espacios para mejorar y determinar de manera correcta el gasto. Dada la coyuntura y la emergencia, hay que redirigirlo a proyectos productivos, de infraestructura de impacto nacional, que generan empleo, que detonan crecimiento. La idea es que ese gasto, en un futuro, logre generar nuevos ingresos y ayudar a elevar la calidad de vida de las y los mexicanos.

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