El caso Lozoya y el 2018

CON CHANFLE

Al caso Lozoya le han salido muchas aristas que podrían arruinar la permanencia del Partido Revolucionario Institucional en el poder, ahora en 2018. Esta semana, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que Pemex realizó pagos “en exceso” al consorcio brasileño Odebrecht por valor de casi 787 millones de pesos (41,6 millones de dólares al tipo de cambio actual) en el marco de dos contratos de “acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales” y de “suministro de agua para rellenos” en su refinería de Miguel Hidalgo (Tula de Allende, Estado de Hidalgo, centro del país). Los sobrecostos superan el 60%. En total –sumando otros contratos en los que Odebrecht no figura como prestador del servicio– la petrolera estatal mexicana realizó pagos “improcedentes” por valor de casi 1,250 millones de pesos (casi 66 millones de dólares) en dos proyectos: el citado de Tula de Allende y otro de características similares en Salamanca (Guanajuato). El informe de la Auditoría es brutal, destacándose los siguientes puntos:

En el caso del primer contrato con Odebrecht, en el que se documentan irregularidades por más de 707 millones de pesos, el órgano federal que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas en el país norteamericano constata que los precios unitarios acordados fueron “altos, debido a que (…) se consideraron costos fuera de mercado y rendimientos bajos de los insumos”. Para probarlo, la ASF compara estos precios con los que figuran en otro contrato para un proyecto similar en su refinería Antonio M. Amor de Salamanca. La fecha de ejecución del proyecto iba del 17 de febrero de 2014 al 17 agosto de 2015, cuando Emilio Lozoya todavía era director de Pemex.

En el segundo contrato entre Pemex y el gigante brasileño de construcción involucrado en varios casos de soborno, la ASF presume un “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto superior a 79 millones de pesos.

La ASF subraya que ha “analizado” la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada (PEMEX) para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas “con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares”. Los contratos en cuestión fueron publicados por Pemex en abril de este año, en un intento por arrojar transparencia sobre unos hechos que han dañado la reputación de la empresa.

Derivado del caso, la Secretaría de la Función Pública ha anunciado que se prepara una nueva línea de investigación. En particular, la SFP investigará el supuesto pago de un soborno de 4.5 millones de dólares dado por Braskem, una filial de Odebrecht, a las autoridades mexicanas. Dicho soborno tiene que ver con la instalación de Etileno XXI, la mayor petroquímica de América Latina en Veracruz. Es para reflexionar que en 2013, Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa, supervisó los avances de la obra con Lozoya y Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz y actualmente en prisión por desvío y apropiación indebida de recursos.

En 2015, un funcionario de la constructora brasileña aceptó ante la policía que se habían pagado mordidas en dicha reunión. Hay que ampliar un poquito el panorama sobre el caso, para entender su gravedad: en agosto pasado, Lozoya trató de conocer mediante sus abogados si su nombre figuraba en las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El entonces fiscal, Santiago Nieto, deseaba saber si el dinero de la constructora brasileña había llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, donde Lozoya era coordinador de vinculación internacional. De ser cierto ese supuesto, Lozoya podría terminar en la cárcel y el PRI podría perder el registro. Pero no podemos saber el resultado de la investigación porque el Gobierno fulminó al fiscal. A decir de Jorge Zepeda, la remoción de Santiago Nieto tiene que ver con el complicado panorama del PRI hacia el 2018.

El caso Lozoya ha tenido un desprestigio enorme para el PRI de cara al 2018. Se van acumulando evidencias de que dicho partido se financió ilegalmente. A juicio de Zepeda: “la única posibilidad que tendría el partido oficial para retener el poder reside en fragmentar el sufragio anti priista, movilizar su voto duro a partir de programas clientelares y montar una campaña negativa de proporciones mayúsculas en contra de López Obrador (“imitador de Chávez y Maduro”). En otras palabras, recurrir a una ingente batería de estrategias, muchas de las cuales calificarán como delitos electorales. Deshacerse del fiscal incómodo resultaba, entonces, un imperativo categórico”.

Se dirá que es un escándalo enorme, pero justamente, el PRI puede darse ahora el lujo de asumirlo. Lo contrario es perder las elecciones en el 2018 y esperar a que les llegue la Justicia.

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