La seguridad interior a debate

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La Ley de Seguridad Interior propone regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles. Hace ya 11 años que el Ejecutivo dispone de las Fuerzas Armadas como si fueran cuerpos policiales. Todo empezó, cómo olvidarlo ya, en 2006, en medio de unas protestas sin igual en materia de legitimidad política, Felipe Calderón, del PAN, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Desde entonces, más de 750,000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país. ¿El resultado? Decenas de miles de muertos después, buena parte de la oposición en el parlamento, así como organizaciones de la sociedad civil, cuestionan la pertinencia de aprobar una ley que, a su juicio, generaría más violencia, más violaciones a los derechos humanos y otorgaría un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas.

Y más teniendo en cuenta la cantidad de quejas que ha recibido estos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por casos de tortura, desaparición forzada y homicidio cometidos supuestamente por militares. Entre las criticas está la de Jen Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien sostuvo: “deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, ‘¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?’ El concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios”.

Es una crítica importante, dado que parece confundir -al menos conceptualmente- la Seguridad Interior con la Seguridad Pública. Según lo que establece la iniciativa aprobada por los diputados y mandada al Senado, la seguridad interior es “una función a cargo de los Poderes de la Unión, para resguardar la seguridad de sus habitan- tes, la plena vigencia del Estado de Derecho y la permanencia del orden constitucional”. Así, la Seguridad Interior queda reducida a una función. Cabría preguntar si no es algo más, si con conlleva elementos derivados de la Seguridad Humana o el propio derecho a la vida. ¿Alude al narco, a la delincuencia en general?

¿Cómo funcionará la Ley? El presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior (es decir, una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto). Estas acciones partes de varios supuestos: cuando se “comprometan o superen las capacidades efectivas de las

Pablo Trejo Pérez@hotmail.com autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”. Al existir cualquiera de esas condiciones, el presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior”.

Al expedirse la Declaratoria, debe tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación debe notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Al emitirse la declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año”.

Sin embargo, las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones. Uno de los puntos más importantes es el que señala que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este punto resulta controvertido, pues la vaguedad y amplitud en la redacción de la Ley de Seguridad Interior abre la puerta para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas como la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas. A fin de cuentas, la Ley cuenta con dos grandes defectos:

  1. No se señalan claramente las causas que alienten a hacer una declaratoria. Así que debería tenerse un catálogo aunque sea mínimo y abierto de situaciones aplicables de ley.
  2. El caso Pegasus puso sobre la mesa el espionaje del gobierno. Ahora, la Ley determina que Gobernación tenga “la facultad de establecer y hacer operar un sistema de información e investigación que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” y “contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión a dar sustento a la unidad nacional, preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno”. Las actuaciones de inteligencia serán hechas para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.

Pero vamos… ¿con militares? No es la mejor forma de definir un Estado democrático, ciertamente.

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