El bitcoin electoral ¿es factible en México?

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La organización Transparencia Internacional pretende lograr una carambola de tres bandas con la propuesta de crear una criptomoneda exclusiva para el uso de los partidos políticos en las épocas electorales. Como bien sabemos, una de las virtudes de las criptomonedas, cuyo representante más famoso son los bitcoins, es la posibilidad de rastrearlas en tiempo real, es decir, de “trazabilidad perfecta”, lo que nos permitiría saber quién fue su último propietario y quien las tiene en este preciso instante, además de si fueron usadas para contratar espectaculares, imprimir materiales en papel, contratar espacios para mítines, o cualquier otra cosa.

Supongamos por un momento que la propuesta prosperara –aunque parecería destinada al olvido debido a que lastimaría muchos intereses del establishment-. De ser así, todos los partidos recibirían sus prerrogativas en estas monedas, como cuando cualquier ciudadano asiste a jugar a un casino y le son canjeadas fichas por dinero. A partir de ese instante, cada erogación que realizaran se registraría en automático y cada receptor de la moneda, solo podría convertirlo en pesos corrientes al depositarlas en una cuenta de banco creada ex profeso.

El uso de este mecanismo obligaría a crear un registro de proveedores que competirían en igualdad de condiciones por los contratos de los partidos y ello ofrecería elementos de certeza y una mayor transparencia en las operaciones, además de cumplir con un elemento de la mayor trascendencia: todo lo que se adquiera con criptomonedas, sería legal, y todo lo que se pagara con moneda corriente entraría inmediatamente en el apartado de origen dudoso. Incluso las aportaciones de los militantes, deberán sujetarse a esa transformación en criptomonedas, para evitar la doble contabilidad o la simulación en los gastos.

Recientemente se aprobó la Ley de Tecnologías Financieras (ley Fintech) que viene a llenar un hueco muy importante en la regulación del uso de ese tipo de operaciones virtuales.

Por supuesto que el modelo mexicano obligaría a establecer salvedades, ya que sería materialmente imposible poder cubrir todos los gastos sin hacer uso de nuestra moneda corriente, pero sin duda podría limitar en gran medida el oscurantismo con que se manejan los gastos de campaña y la ventaja que representa el financiamiento ilícito de “amigos” y “simpatizantes” de los diferentes proyectos. Nunca más sería posible recibir aportaciones en especie sin la fiscalización respectiva.

Como es de esperarse, los partidos políticos han omitido presentar un posicionamiento al respecto, y el Instituto Nacional Electoral saludó “con buenos ojos” la misma, haciendo hincapié en que todo lo que contribuya a la transparencia de los procesos electorales siempre será bienvenido.

Evidentemente la concreción de esta propuesta se encuentra aún muy lejana, pero resulta interesante pensar que un mecanismo así pueda combatir uno de los principales rezagos en materia electoral: los beneficios indebidos de algunos actores por el derroche de recursos en las contiendas, lo cual, según nuestra experiencia, siempre es muy complicado de demostrar, por lo que, al menos, debemos colocar este tema en la agenda de la discusión académica y política de los grandes temas nacionales.

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