Ley de Seguridad Interior

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El Instituto Elcano, de Madrid, acaba de publicar un análisis sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI), que merece ser reseñado. Sus puntos más interesantes son:

Para el Instituto, hay una pregunta previa a la LSI: ¿han de realizar las fuerzas armadas tareas policiales? Parece claro que no: las fuerzas armadas no han sido formadas para desempeñar estas tareas, lo que resta eficacia a los esfuerzos realizados por la institución militar, y además aumenta los riesgos de violación de derechos humanos.

El objetivo de la ley es positivo: se trata de regular la actuación de las fuerzas armadas. ¿Quién puede oponerse a ello? Sin embargo, el primer problema era garantizar los derechos ciudadanos ante la actuación de los militares. Es trascendental regular el funcionamiento de cualquier institución integrada en una democracia, máxime cuando, como es el caso, ésta no deja de acumular misiones y competencias. Este recurso a los militares, aun para tareas que no le son propias, no solo en seguridad interior, sino en sanidad, educación, infraestructuras… acaba generando una dependencia que no es saludable en democracia

Al ubicar el contexto de esta Ley en la región latinoamericana, el Instituto Elcano destaca el hecho de que México se convierta en el único país de la región que ha realizado el intento de regularizar la participación de las FAS en la lucha contra el crimen organizado y en las tareas policiales que llevan a cabo desde hace más de una década. A excepción de Argentina, Chile y Uruguay, en el resto de la región las fuerzas armadas luchan contra el crimen organizado, e incluso pueden patrullar ciudades para proporcionar seguridad ciudadana. Estas misiones, sin embargo, se llevan a cabo sin ningún tipo de regulación legal. Esto significa que, desde hace una década, los ciudadanos están desprotegidos ante la actuación de estas fuerzas de seguridad y que éstas, a su vez, carecen de toda protección legal en el desempeño de las tareas policiales encomendadas.

En el fondo, y ahí radica el segundo y gran problema de la LSI, es que no resuelve nada. Es decir, no transforma a las Fuerzas Armadas para adaptarlas a la realización de tareas policiales. Es una contradicción utilizar un elemento que no está diseñado para brindar una solución. La existencia de una ley o no, no garantiza que vaya a darse la deseada desmilitarización.

Hoy en día, la reforma policial es un fracaso y en consecuencia no es difícil prever que dicha militarización no tendrá lugar ni en el corto ni mediano plazo, con ley o sin ella. La incorporación de las fuerzas armadas a tareas policiales implica diseñar un tipo de fuerza necesariamente distinta a la tradicional. Se requiere un proceso de transformación que lleve consigo una definición sobre qué misiones deben realizar estas fuerzas armadas, lo que debería conllevar la delimitación de sus misiones, ya que parece difícil lograr un cuerpo de seguridad dedicado a “todo”. Esta aspiración sólo conduciría a un proceso de desprofesionalización, riesgo que, de hecho, existe en la actualidad.

Así, para el Instituto Elcano, es preciso un debate más amplio y complejo de un fenómeno que tiene implicaciones; políticas, corporativas e incluso estratégicas y que son ineludibles para el Estado Mexicano.

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Da click en la portada para descargar la versión completa del periódico Unomásuno:

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