Los riesgos de las Finanzas Públicas según la Auditoría Superior de la Nación

PABLO TREJO CON SENTIDO

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) entregó la semana pasada, en la Cámara de Diputados, la Tercera Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016. Presentó 699 informes individuales correspondientes a la entrega del mes de febrero, que en conjunto con los 502 informes rendidos en junio y 664 en octubre, suman un total de 1,865 referidos a la Cuenta Pública 2016, lo que significó un 13.5 por ciento de crecimiento en el número de auditorías respecto a la fiscalización de la Cuenta Pública 2015. Se llevaron a cabo 223 auditorías a la función de desarrollo económico —relacionado con el sector energético, comunicaciones y transportes, turismo y ciencia y tecnología—; 131 a funciones de gobierno —finanzas públicas, seguridad nacional, relaciones exteriores, procuración de justicia y gobernación—, y 121 al grupo desarrollo social —que incluye rubros como educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado—. Con ello se obtuvo la descripción de cinco áreas que se estimaron relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano y que, constituyen temas que tienen efectos económicos y sociales significativos.

  1. Hay un grave problema con las Adquisiciones del Sector Público. Este tipo de operaciones ha sido señalado recurrentemente por la ASF, ya que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La ASF constató que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones, de la propia Federación. Hay que enfatizar que la contratación entre entes públicos fuera de licitación es válida, pero sujetándose a las premisas que las propias leyes establecen.
  2. La de obra pública también es otro factor de riesgo. La ASF ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: hay problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, hay debilidades de carácter técnico, se presentan insuficiencias económicas y, a menudo, las obras -como en el caso del Paso Exprés- presentan fallas de ejecución. En esta discusión, resulta importante subrayar el cambio en el modelo de ejecución de obra pública: se han establecido las Asociaciones Público-Privadas. Eso implica un sin fin de retos adicionales a los procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. En particular, la fiscalización enfrenta retos respecto a la revisión de los proyectos que se llevan a cabo bajo dicho esquema. Por ello, a decir de la Auditoría, será necesario contemplar modificaciones en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y los objetivos del SNA, en el que se deja en claro la relevancia del involucramiento de la esfera privada.
  1. Un riesgo importante para las finanzas nacionales son los problemas de gobernanza que presentas las empresas energéticas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad). La ley específica que norma a estas empresas, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de utilidades, es decir, que generen resultados financieros positivos que beneficien al Erario y a la Sociedad en su conjunto. Sin embargo, se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro del objetivo anotado, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes se ha constatado que ha habido, desafortunadamente, resultados negativos.
  2. La recurrencia de observaciones en relación con el gasto federalizado obliga a reflexionar sobre una cuarta área de riesgo que se señala como vulnerabilidad estructural de las finanzas estatales, toda vez que en la medida en que se han establecido controles para garantizar la adecuada utilización de recursos federales en entidades, se ha limitado su capacidad de gestión y de financiamiento, que obliga en cierta medida a incurrir en desviaciones en el uso de tales recursos. Así, se ha limitado la capacidad de endeudamiento de entidades federativas con la vigencia de la Ley de Disciplina Financiera; se ha reducido su capacidad de manejo de tesorería al concentrar la Federación los pagos de nóminas (FONE y otros fondos federales); se limitó la posibilidad de otorgamiento de garantías con los fondos federales por obtener (Escuelas al Cien); la necesidad de financiar temporalmente a sus municipios, entre otros. Las posibilidades de gestión financiera en entidades federativas debieran analizarse, para evitar que en el futuro se llegue a caer en situaciones de insolvencia o suspensión de pagos.
  3. Por último, la quinta área de riesgo se refiere a los padrones de los programas gubernamentales. Después de 16 años de que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema de su falta de estructuración e integración. La dispersión de información imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos. Los diagnósticos son insuficientes para evaluar la eficacia de los programas y políticas de otorgamiento de subsidios, ya que no se focalizan adecuadamente a las poblaciones objetivo por lo que persisten inequidades entre los beneficiarios.

Hay que tener en cuenta que no son señalamientos menores. También, el contexto de la presentación de los informes de la Cuenta Pública debe entenderse en el propio proceso en el que se ha visto envuelta la Auditoría Superior de la Nación, que hasta estos momentos no posee Auditor Superior.

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