Los policías locales en México

El 22 de diciembre de 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas. Recién se ha publicado, dejando entrever una realidad sobre los cuerpos de seguridad en la República en, al menos, 10 indicadores.

  1. Estado de fuerza. El estado de fuerza es el número de policías preventivos estatales por cada mil habitantes. De acuerdo con el diagnóstico existen casi 129 mil policías (ello daría una cobertura de 1.1 por mil), sin embargo, el diagnóstico enfatiza que los policías evaluados y aprobados en control de confianza son solo 120 mil, lo que representa 0.8 policías por mil habitantes. A nivel estatal, existen variaciones importantes en este indicador. La gráfica 1 muestra que las entidades federativas con mayor número de policías por cada mil habitantes son la Ciudad de México con 4.2, le sigue Tabasco con 1.8 y después Yucatán con 1.6. Con menos policías están Baja California con 0.3, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Sonora con 0.4 policías.
  2. Evaluación de permanencia y programa de depuración policial. La evaluación de permanencia y programa de depuración, según el diagnóstico, alude al número de policías con resultados aprobatorios y vigentes en las evaluaciones en materia de control de confianza (estas tienen tres años de vigencia). El 78.8% de los policías cuentan con evaluación de control de confianza aprobada y vigente; 11.2% con aprobación no vigente; 2.1% con resultado pendiente; y 6.9% no aprobó la evaluación.
  3. Certificado Único Policial (CUP). El CUP pretende garantizar que los policías tengan el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones. Para tal fin deben realizarse evaluaciones. En términos generales, las policías locales tienen el siguiente resultado:

El 78.8% ha pasado control de confianza.

El 75.9% ha tenido una formación inicial o equivalente.

El 43.2% tiene competencias básicas o profesionales.

Sólo el 38.1% tiene desempeño académico.

  1. Actualización en el Sistema de Justicia Penal. La legislación marca que los policías deberán de recibir 30 horas mínimas anuales de capacitación en tres talleres obligatorios (ciencia forense, primeros actos de investigación y taller de investigación). En realidad, lo que sucede es no se reportan cifras sobre el número de policías capacitados en alguno de los talleres. Solo se dan cifras respecto del número de replicadores, que consisten en policías capacitados en los talleres que replicarán su conocimiento al resto de sus compañeros.
  2. Academias de formación policial. Las academias deben contar con al menos: aulas suficientes para la matricula; aula de computo; sala de juicios orales; comedor; cocina; dormitorios suficientes para alumnos de pernocta; pista de prueba física; sala con equipo audiovisual; ser- vicio médico; stand de tiro; área de entrenamiento; y explanada o pista de práctica vehicular. De los casi 2,500 municipios que hay en el país, sólo 39 tienen academias, y de estos, solo seis cubren estos doce aspectos mínimos.
  3. Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial. La Ley habla de que los gobiernos deben de garantizar al menos siete cosas: homologación al salario promedio nacional de referencia; acceso a créditos para vivienda; seguro de vida; servicio médico; fondo de ahorro para el retiro de policías; acceso a apoyos para familias de policías caídos en cumplimiento del deber; y becas escolares para hijos de policías. La realidad muestra que existen disparidades en el sueldo de los policías, mientras unos ganan $5,391 pesos, hay otros que ganan más del doble. En el país ninguna entidad federativa otorga las siete prestaciones básicas.
  4. Comisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC). 24 entidades tienen Comisión del SPC, y de estas, todas cuentan con reglamento; pero solo 22 con herramienta de seguimiento y control; 20 con manual de procedimientos; 19 con catálogo de puestos; 18 con manual de organización; y únicamente 14 celebran concursos anuales de ascenso.
  5. Comisión de Honor y Justicia.Las Comisiones de Honor y Justicia (CHJ) tienen como objetivo conocer y resolver de procedimientos del régimen disciplinario y fortalecer el desempeño ético de los policías. Hay 29 entidades federativas que cuentan con una CHJ; 24 de ellas tiene instrumento normativo; 17 programa de reconocimiento al mérito policial; y 8 ceremonias de reconocimiento anual.
  6. Unidades de Policía Procesal, Cibernética y Operaciones Especiales. En el diagnóstico se establece que las policías deben de contar con Unidades Especiales que fortalezcan las capacidades de prevención y reacción. Así, se encuentra que 24 entidades federativas tienen Unidad de Policía Procesal, 26 tienen Unidad de Policía Cibernética y 22 tienen Unidades de Operaciones Especiales, todas ellas en procesos de validación.
  7. Protocolos mínimos de actuación policial. Sólo 6 entidades federativas operan conforme a los protocolos. Las 32 operan con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y con el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia, pero solo 17 con uso legítimo de la fuerza, 15 con actuación policial en materia de violencia de género, 11 con atención a víctimas y grupos vulnerables, y 7 con función de prevención o reacción.

Con esto, nos podemos dar cuenta que existen pendientes normativos, institucionales y materiales que frenan la existencia de policías estatales más confiables, mejor preparadas, más profesionales y con condiciones laborales dignas. Esto a pesar de que, desde 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno con la promoción del desarrollo policial (carrera policial, profesionalización, certificación y régimen disciplinario), así como en materia de garantizar seguridad social para todos los policías. El próximo gobierno, parece, tendrá una amplia tarea en este tema.

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