La Guardia Nacional

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Esta semana en la Cámara de Diputados se han llevado audiencias en torno a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para crear la Guardia Nacional, un organismo formado por policías militares (reclutados por el Ejército y la Marina) y agentes de la Policía Federal, que estarán principalmente bajo el control y supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), auqnue parece que ya tendrá un mando civil.

El Plan Nacional parte del principio de que las policias no pueden hacerse cargo del tema de la Seguridad Pública del paós. Por ello, el gobierno de López Obrador transferiría esas funciones policiales a una fuerza dirigida por militares. La Guardia Nacional tendría los objetivos de prevenir y combatir el delito, detener a los sospechosos y coadyuvar en las investigaciones penales.

La propuesta actual también establece que durante los primeros tres años de operación, el gobierno federal trabajará para fortalecer las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública civil de México para que puedan reasumir el ejercicio de su función. A la luz del plan de seguridad propuesto por López Obrador, presentamos las siguientes cinco preocupaciones:

  1. Los militares y la policía no son intercambiables. Un problema fundamental con la militarización de la seguridad pública es que las fuerzas armadas no están entrenadas para interactuar con la población civil. Las fuerzas policiales civiles están capacitadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública, utilizando la menor fuerza posible, con la confianza y la cooperación de la población. En contraste, los soldados están entrenados para usar la fuerza para vencer a un enemigo en situaciones de combate, haciéndolos incapaces de estar en contacto cercano con civiles. Hay sólidos indicios de que la Guardia Nacional tendrá un carácter predominantemente militarizado. Artículos en el proyecto de reforma constitucional que fueron aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México el 21 de diciembre de 2018 establecen que mientras la Guardia Nacional estará bajo el mando de una agencia civil (la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), será la SEDENA quien comandará la fuerza mientras persista la “emergencia de violencia e inseguridad” en México. Si bien dichos artículos establecen que habrá un límite de cinco años para el mando de la Guardia Nacional por parte de la SEDENA, es difícil no leer esto como la continuación de seguir otorgando facultades a las fuerzas armadas para que se encarguen de las tareas de seguridad pública. En ese sentido, hay preocupaciones de gran alcance sobre la falta de supervisión civil sobre soldados que realizan tareas de seguridad pública (un problema que se observa en otros países latinoamericanos que carecen de rendición de cuentas en relación a los abusos de la Policía Militar, como Brasil). México es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un Secretario de Defensa que sea civil, y el gobierno mexicano todavía no ha establecido mecanismos sólidos para garantizar el control civil total sobre los militares (de hecho, el principal papel de supervisión de las fuerzas armadas en el Congreso mexicano es aprobar su presupuesto). La Guardia Nacional propuesta, incluso bajo un liderazgo “temporal” de cinco años de la SEDENA, otorgaría poder y discrecionalidad adicional a las fuerzas armadas.

  2. La militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia. Durante más de una década, el despliegue de soldados mexicanos en todo el país para patrullar las calles y acabar con la delincuencia organizada no ha reducido efectivamente la delincuencia y la violencia. El año pasado fue el año más violento registrado en México, y el número de víctimas fatales civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad sigue siendo alarmantemente alto. La encuesta de victimización y percepción sobre seguridad públicas más reciente de México muestra que más hogares mexicanos señalaron que al menos un miembro de la familia había sido víctima de un delito. La encuesta también muestra un aumento en el número de personas mexicanas que dijeron sentirse inseguras en su estado, llegando al 79.4 por ciento. La presencia de soldados mexicanos en las calles ha dado como resultado graves violaciones de derechos humanos. Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de 10,000 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otros.

  3. La creación de una Guardia Nacional no aborda los débiles mecanismos de rendición de cuentas en relación con violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. De acuerdo con las reformas constitucionales propuestas, los delitos cometidos por miembros de la nueva fuerza en el ejercicio de sus funciones serán investigados por las autoridades civiles correspondientes, mientras que los delitos relacionados con la disciplina militar serán investigados por las autoridades militares. Sin embargo, existe un gran problema con esto: las autoridades civiles tienen un pobre historial en lo que respecta a la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Muchos expertos sostinen que arte del problema es que la PGR no investiga la cadena de mando: es decir, el posible responsabilidad de los militares superiores en casos de soldados acusados de cometer delitos o violaciones de derechos humanos contra civiles. Esto es particularmente preocupante en casos como la masacre de 22 civiles a manos de soldados mexicanos en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, en la que los soldados operaban bajo órdenes de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Además, frecuentemente las investigaciones civiles sobre los abusos cometidos por militares son lentas, incompletas y no producen las pruebas necesarias para lograr sentencias condenatorias en los tribunales.

  4. La creación de la Guardia Nacional tampoco aborda la falta de rendición de cuentas dentro de la policía. Los controles internos y externos sobre la policía en México, incluida la Policía Federal, siguen siendo débiles, mientras hay amplias violaciones de derechos humanos por parte de estas fuerzas. En mayo de 2006, la represión policial de una protesta dio como resultado la detención arbitraria, la tortura sexual y otras violaciones de derechos humanos contra 11 mujeres de la ciudad de San Salvador Atenco, Estado de México. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como parte de la sentencia, la CIDH instó al gobierno mexicano a establecer un observatorio independiente a nivel federal encargado de vigilar el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal y la policía del Estado de México. Con la participación de la sociedad civil, el observatorio también será responsable de dar seguimiento a las políticas establecidas para la rendición de cuentas de la policía.

  5. Los miembros de la Guardia Nacional podrían obstaculizar las investigaciones criminales. La propuesta de la Guardia Nacional le otorgaría a la nueva fuerza la facultad para asegurar las escenas del crimen, detener a los sospechosos y ayudar al Ministerio Público en las investigaciones penales.Esto es muy preocupante dado que los soldados y los agentes de la Policía Federal han estado involucrados en múltiples casos relacionados con obstrucción de justicia o la alteración de evidencia. La CNDH ha documentado numerosos casos de abusos cometidos por militares en los cuales los soldados dieron falsos testimonios o alteraron la escena del crimen, incluso plantando armas y drogas o moviendo los cadáveres de las víctimas.

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